Los legisladores de California continúan la progresión de múltiples leyes de derechos de agua. Tres proyectos de ley en particular pasaron recientemente por su casa de origen. Colectivamente, los proyectos de ley crearían cambios fundamentales en la forma en que el estado administra los suministros de agua.
“Creo que todos ellos son peligrosos para enmendar o alterar el sistema de derechos de agua de California. Es un sistema complicado”, dijo Dave Puglia, presidente y director ejecutivo de Western Growers. “Pero ha acomodado el crecimiento en este estado. Se ha adaptado al uso compartido del agua y se adapta cada vez más a las necesidades ambientales de los flujos de agua”.
Una de las piezas de legislación es AB 460, que ahora está a la espera de consideración en los comités del Senado. El proyecto de ley otorgaría a la Junta Estatal de Aguas una mayor autoridad para emitir órdenes de restricción provisionales. Otro proyecto de ley que avanza en la Legislatura es el AB 1337. El proyecto de ley otorga autoridad para restringir los derechos de agua anteriores a 1914 sin necesidad de una declaración de emergencia. Además, la SB 389 ampliaría la autoridad de la junta de agua para incluir la capacidad de investigar la validez de los derechos de agua de los mayores en cualquier momento.
“Cuando empiezas a jugar con el sistema de derechos de agua, amenazas la viabilidad económica de innumerables fincas. Amenazas las economías de regiones enteras y algunas grandes ciudades como San Francisco”, señaló Puglia. “Hasta el punto de que esas partes buscarán ir a los tribunales y proteger sus derechos de agua”.
Quienes se oponen a la legislación sobre derechos de agua, que incluye una amplia coalición de grupos agrícolas, señalan que también frenarán las mejoras necesarias a la infraestructura del agua. Puglia dijo que desestabilizar el sistema actual desincentiva la inversión. La creación de incertidumbre dentro del sistema de derechos de agua hace que los programas estatales y federales de costos compartidos sean una opción menos viable para facilitar las mejoras.
“Es muy difícil ver a esos intereses privados escribiendo esos cheques cuando no tienen garantía de que habrá un retorno de la inversión porque los derechos de agua en los que han confiado históricamente han sido alterados”, explicó Puglia. “Entonces, creo que solo hay peligro en esta discusión”.